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DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica

DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica
DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica

DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica es un antecedente que permite examinar un aspecto relevante del comercio exterior, su operación o su marco regulatorio dentro del contexto en que fue difundido.

En ese contexto, DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica La Secretarí­a de Economí­a publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica , que deroga a la norma anterior que data de 1992, y reglamenta la reforma al artí­culo 28 de la Constitución realizada en 2013.

Elementos jurídicos del antecedente

01

Disposición

El contenido conserva una disposición, criterio o resolución correspondiente al momento de su publicación.

02

Alcance

Su lectura exige distinguir los sujetos, operaciones o supuestos a los que se refería el antecedente.

03

Vigencia

Cualquier aplicación presente requiere verificar reformas, criterios y disposiciones posteriores.

Contenido normativo y alcance de la referencia histórica

DECRETO por el que se expide la NUEVA Ley Federal de Competencia Económica

La Secretarí­a de Economí­a publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación la  Ley Federal de Competencia Económica, que deroga a la norma anterior que data de 1992, y reglamenta la reforma al artí­culo 28 de la Constitución realizada en 2013.

La nueva ley, que entrará en vigor dentro de 45 dí­as naturales, faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para corregir o suprimir prácticas monopólicas y de concentración ilí­cita.

El organismo también podrá ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración, e incluso multar hasta por el equivalente a 175,000 veces el salario mí­nimo (11.7 millones de pesos) a las empresas que declaren falsamente, con independencia de la responsabilidad penal que de ello se genere.

De igual forma, la Comisión puede ordenar medidas para regular el acceso a los insumos esenciales bajo control de uno o varios agentes económicos, e inhabilitar a directivos o representantes de personas morales -hasta por un plazo de cinco años- si se comprueba que estos participan directa o indirectamente en prácticas monopólicas o concentraciones ilí­citas.

La norma aclara que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas por la Constitución, y lo mismo sucede con las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación laboral mexicana.

Emiten recomendaciones para la ley competencia

Junto con esta nueva ley también fueron publicadas reformas al Código Penal Federal, aumentándose las sanciones por ejecutar contratos o convenios entre agentes económicos competidores.

Estos últimos cambios tienen como propósito incrementar las penas para las prácticas monopólicas absolutas, de cinco a 10 años de prisión, y de 1,000 a 10,000 dí­as de salario mí­nimo de multa, equiparándolas con las más altas para delitos patrimoniales y con estándares internacionales.

La finalidad de esta reforma es propiciar la libre concurrencia y competencia económica, eliminando los tratos discriminatorios y el establecimiento desproporcionado de precios en el mercado.

Esta ley define como barreras a la competencia y la libre concurrencia cualquier caracterí­stica estructural del mercado, hecho o acto, de los agentes económicos, que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores, o limitar su capacidad para competir en los mercados.

Cabe aclarar que las resoluciones de la Comisión sólo podrán ser objetadas por las empresas mediante amparo directo, cuando ésta ordene la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, y éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio.
 Diario Oficial de la Federación 23 de mayo de 2014

 

 

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Para interpretar este antecedente conviene separar los hechos correspondientes al momento original de los principios generales que todavía pueden resultar útiles como marco de análisis. La información histórica permite comprender cómo se planteó el problema, qué elementos fueron considerados relevantes y qué consecuencias se discutían entonces.

En una revisión actual, el valor práctico se encuentra en identificar las variables que deben comprobarse nuevamente: alcance de las disposiciones, condiciones operativas, actores involucrados y documentación aplicable. Esta metodología evita trasladar automáticamente al presente una conclusión histórica y permite utilizar el antecedente como referencia sin confundirlo con una regla vigente.

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Contexto histórico

Este contenido se conserva como antecedente informativo. Las fechas, cifras, disposiciones, procedimientos y referencias corresponden al contexto de la publicación original y deben verificarse antes de utilizarse como información vigente.

 

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