
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará el 6 de octubre, con cambios, el dictamen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Aduanera, que endurece las medidas para combatir el contrabando de combustibles, mercancías, ropa, calzado y azúcar.
El proyecto de dictamen incluye cinco ajustes a la propuesta, principalmente relacionados con la vigencia de las patentes y autorizaciones aduanales. Se mantiene el planteamiento de que los agentes aduanales sean corresponsables de las irregularidades fiscales cometidas por empresas importadoras y exportadoras.
Cambios al proyecto de reforma aduanera
Garantías aduaneras
El proyecto incorpora la posibilidad de utilizar cartas de crédito en lugar de la cuenta aduanera de garantía, con el objetivo señalado de no afectar la liquidez de las empresas.
Patentes y autorizaciones
El dictamen amplía a 20 años la vigencia propuesta para las patentes de agentes aduanales y las autorizaciones de agencias aduanales, prorrogables por un periodo igual.
Certificación periódica
La propuesta contempla que los agentes aduanales se sometan a una certificación obligatoria cada tres años.
Cinco ajustes al dictamen
Los integrantes de la Comisión de Hacienda, convocados por su presidente, Carol Antonio Altamirano, recibieron un proyecto de dictamen con cinco modificaciones a la iniciativa presidencial.
El primer cambio incorpora la posibilidad de utilizar cartas de crédito en lugar de la cuenta aduanera de garantía, con el objetivo de no afectar la liquidez de las empresas.
Los otros cuatro ajustes están relacionados con las patentes y autorizaciones aduanales:
- La iniciativa presidencial proponía sustituir la vigencia vitalicia de las patentes aduanales por un plazo de 10 años, prorrogable por un periodo igual. El proyecto de dictamen amplía este plazo a 20 años, prorrogables por otros 20 años.
- La autorización para operar como agencia aduanal, inicialmente planteada con una vigencia de 10 años, también se amplía a 20 años, prorrogables por un periodo igual.
- La certificación obligatoria de los agentes aduanales se establece con una periodicidad de tres años.
- Se modifica un artículo transitorio para establecer que a las patentes de agentes aduanales y autorizaciones de agencias aduanales en vigor les resulte aplicable la vigencia de 20 años, prorrogable por un plazo igual.
Argumentos sobre contrabando y evasión fiscal
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que la reforma busca responder a prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones en sectores como combustibles, textil, calzado y azúcar.
De acuerdo con sus declaraciones, la evasión fiscal relacionada con abusos del programa IMMEX, el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías han generado pérdidas para la Hacienda pública y afectaciones a las industrias nacionales y al empleo.
En materia de combustibles, afirmó que durante el sexenio anterior el denominado huachicol fiscal de diésel alcanzó un promedio de 43 mil 700 barriles diarios, equivalentes al 10 por ciento del consumo aparente nacional.
Ramírez Cuéllar señaló una pérdida fiscal de 4 mil 600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS y de 2 mil 400 millones de dólares por contrabando de gasolina. Asimismo, indicó que la afectación total a Petróleos Mexicanos y a la Hacienda pública se calculó en más de 28 mil 200 millones de dólares.
Señalamientos sobre operaciones IMMEX
Respecto del uso indebido del programa IMMEX, Ramírez Cuéllar señaló la existencia de una red de empresas que, según sus declaraciones, operó en complicidad con agencias aduanales y simuló exportaciones para evadir el pago de impuestos.
El legislador afirmó que la red estaba integrada por ocho compañías de los sectores textil y del calzado, que importaron productos terminados desde Asia y Estados Unidos y los declararon como insumos destinados a exportación, aunque posteriormente eran vendidos en el mercado interno a precios subvaluados.
Según sus declaraciones, estas operaciones habrían provocado un fraude fiscal estimado en 24 mil millones de pesos por IVA y aranceles no pagados al momento de la importación.
También sostuvo que la competencia derivada de estas operaciones ocasionó la pérdida de hasta 80 mil empleos en la industria textil y señaló deficiencias en controles posteriores y auditorías digitales.
Contrabando técnico en el sector azucarero
Ramírez Cuéllar también se refirió a la situación del sector azucarero y señaló el ingreso ilegal de más de 330 mil toneladas mediante contrabando técnico, además de la operación de ingenios clandestinos.
Según sus declaraciones, esta situación, junto con la caída internacional del precio del azúcar, habría reducido la rentabilidad de los cañeros hasta en 50 por ciento, generado pérdidas acumuladas estimadas en 37 mil millones de pesos y puesto en riesgo la viabilidad del 90 por ciento de los productores con superficies menores a siete hectáreas.
El material señala que la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera envió una carta al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la que expuso que el contrabando técnico habría crecido mediante la importación de supuestas mezclas alimenticias con menos de 2 por ciento de maltodextrina, carbón activado o sustancias similares, con el propósito señalado de evitar los aranceles aplicables a la importación de azúcar.
También se mencionó el uso del depósito fiscal y los recintos fiscalizados estratégicos para este tipo de operaciones.
La Cámara solicitó que la Secretaría de Economía emita una nota nacional para que cualquier preparación alimenticia que contenga 90 por ciento o más de azúcar sea clasificada como azúcar.
Señalamientos sobre ingenios clandestinos
El material refiere además la existencia de ingenios clandestinos que producirían 10 mil toneladas de azúcar estándar o refinada para su comercialización en el país.
De acuerdo con los señalamientos reproducidos en el documento, estas operaciones se ubicarían en Calipan, Puebla; Nopaltepec, Veracruz; y Tuxtepec, Oaxaca, y operarían al margen de obligaciones fiscales, de seguridad social y de otras regulaciones aplicables a la agroindustria de la caña de azúcar.
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