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Organizaciones exigen blindar el T-MEC contra explotación y trabajo forzoso

Revisión del T-MEC, derechos laborales y trabajo forzoso

Organizaciones civiles mexicanas hicieron un llamado al Gobierno de México para garantizar un comercio justo y libre de explotación, además de reforzar los mecanismos laborales en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

Las organizaciones, agrupadas en la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales, presentaron una serie de recomendaciones técnicas para fortalecer la implementación del capítulo laboral del T-MEC.

Propuestas laborales ante la revisión del T-MEC

01

Trabajo forzoso

Las organizaciones proponen reformar el mecanismo relacionado con la prohibición de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso previsto en el artículo 23.6 del tratado.

02

Respuesta Rápida

También plantean mejorar la operación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para fortalecer la protección de la libertad sindical y la negociación colectiva.

03

Nuevas áreas de protección

Las propuestas incluyen la protección de trabajadores migrantes bajo el sistema de visas H-2 y la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo.

Recomendaciones para el capítulo laboral del T-MEC

Las organizaciones civiles presentaron recomendaciones técnicas al Gobierno de México con el objetivo de fortalecer la implementación del capítulo laboral del T-MEC.

Entre las propuestas se plantea reformar el mecanismo de prohibición de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, previsto en el artículo 23.6 del tratado, para garantizar mayor transparencia, acceso y participación de las personas trabajadoras y de la sociedad civil.

Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida

También se propone mejorar la operación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR), procedimiento establecido en el T-MEC para asegurar derechos laborales, principalmente la libertad sindical y la negociación colectiva.

Las recomendaciones incluyen:

  • Crear una base de datos pública de quejas y resoluciones del MRR.
  • Establecer canales seguros para denunciar represalias.
  • Ajustar los requisitos probatorios.
  • Publicar un registro de empresas sujetas a restricciones por trabajo forzoso.

Trabajadores migrantes, violencia y acoso laboral

En el documento de observaciones y propuestas presentado al Gobierno de México también se identifican dos nuevas áreas de oportunidad para integrar en el Capítulo 23 del T-MEC.

La primera corresponde a la protección de trabajadores migrantes bajo el sistema de visas H-2. La segunda se refiere a la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, conforme al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Trabajo forzoso en las cadenas de suministro

En paralelo, la Coalición contra el Trabajo Forzoso en el Comercio (CAFLT) envió una carta a las secretarías de Trabajo y Economía para solicitar el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y de la cooperación trilateral orientada a eliminar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro norteamericanas.

El material señala que el 29 de octubre México modificó sus reglas sobre trabajo forzoso, derivado de una demanda de la organización Empower que llevó a reabrir un caso relacionado con importaciones provenientes de China.

Las organizaciones consideraron este hecho un precedente para hacer más operativo el artículo 23.6 del T-MEC.

Protección efectiva de los derechos laborales

Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), señaló que el T-MEC debe traducirse en herramientas efectivas para erradicar el trabajo forzoso y proteger los derechos de quienes participan en las cadenas globales de producción.

Revisión del T-MEC en 2026

La revisión del T-MEC está prevista para 2026, en un contexto marcado por las tensiones comerciales internacionales señaladas en el material.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump y entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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