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Así opera la red invisible del huachicol fiscal, la ruta de contrabando que esquiva impuestos

Contrabando de combustibles y controles aduaneros en México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) son las principales autoridades responsables de vigilar el ingreso de combustibles.

El material señala que detrás de esta actividad ilícita opera una red compleja que involucra a empresarios de ambos lados de la frontera, agentes aduanales, elementos de la Marina y funcionarios federales, lo que dificulta desmantelar su operación.

Claves del contrabando de combustibles

01

Vigilancia aduanera y fiscal

El SAT y la ANAM tienen un papel central en la vigilancia del ingreso de combustibles al país.

02

Redes de operación

El material describe una red que puede involucrar a empresas, agentes aduanales y servidores públicos en distintos puntos de la cadena.

03

Diésel y puntos estratégicos

El contenido identifica al diésel como uno de los principales productos involucrados y señala al puerto de Altamira como un punto relevante.

El diésel en el contrabando energético

El puerto de Altamira, Tamaulipas, es señalado en el material como uno de los puntos relevantes del denominado huachicol fiscal por su cercanía con las refinerías estadounidenses del Golfo.

En marzo, las autoridades decomisaron en ese puerto un buque con 10 millones de litros de diésel provenientes de Texas.

Aunque la práctica también incluye gasolina, el material señala que el diésel es uno de los productos con mayor presencia en este tipo de operaciones.

Francisco Barnés de Castro, miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, explicó que el diésel puede comercializarse en empresas de transporte de carga o pasajeros, lo que permite colocar volúmenes mayores.

A diferencia de la gasolina, cuya comercialización suele concentrarse en estaciones de servicio, el diésel puede colocarse también en flotas de transporte y compañías de logística.

Impacto fiscal y competencia en el mercado

El material señala que las pérdidas fiscales son difíciles de dimensionar, aunque fuentes del sector las estiman en miles de millones de pesos al año.

Además del efecto sobre las finanzas públicas, se advierte una distorsión de la competencia dentro del mercado energético.

Controles y trazabilidad

Como respuesta, el Gobierno federal ha implementado distintas medidas para rastrear la procedencia de los combustibles.

Entre los mecanismos mencionados se encuentran:

  • Los controles volumétricos del SAT.
  • Las inspecciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • La vigilancia de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El objetivo señalado es mantener la trazabilidad del combustible desde su ingreso hasta su comercialización.

Limitaciones en la verificación de campo

El material advierte que, a pesar de la existencia de distintos controles administrativos, la verificación física puede resultar insuficiente.

También señala que los permisionarios deben proporcionar información a diversas autoridades, entre ellas Profeco, ASEA, la Comisión Nacional de Energía y el SAT, en ocasiones mediante formatos distintos o con datos repetidos.

Alicia Zazueta, CEO de eServices, consideró que una mayor digitalización podría reducir la duplicidad de información y mejorar la trazabilidad.

Desde esta perspectiva, el SAT, mediante los controles volumétricos, tendría una posición relevante para detectar discrepancias, aunque el material identifica limitaciones en la coordinación entre dependencias.

Capacidad de inspección

Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), señaló la necesidad de revisar si las autoridades cuentan con presupuesto y recursos suficientes para realizar visitas de inspección.

También advirtió sobre la existencia de estaciones de recarga de combustibles que operarían sin permisos en algunas comunidades y sobre puntos de venta ilegal visibles en carreteras como la México-Puebla.

Sobrerregulación y operación en territorio

El contenido plantea que la multiplicidad de obligaciones administrativas no siempre se traduce en una verificación efectiva en campo.

También señala que los grupos dedicados al contrabando han desarrollado mecanismos para evadir los sistemas de control, mientras persisten problemas de trazabilidad y capacidad de inspección.

Esta situación, de acuerdo con el material, mantiene vulnerable la cadena de valor energética desde la importación hasta el punto de venta final.

Las empresas formales enfrentan además el reto de competir con precios distorsionados por el contrabando mientras cumplen con obligaciones regulatorias que incrementan sus costos.

El material concluye que una mayor digitalización y una presencia más efectiva de las autoridades en territorio podrían fortalecer los mecanismos de control.

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